Dura lex sed lex
LA LEY es dura pero es la ley. Hay que acatarla, hay que cumplirla. La doctrina Parot bordeaba el precipicio. El principio de irretroactividad informa los códigos de las naciones democráticas y figura en el artículo 9.3 de la Constitución española de 1978. Nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional hicieron encaje de bolillos para subrayar el sinsentido de que el asesino de cien personas pague lo mismo que el asesino de una. Ruiz-Gallardón lo ha explicado con claridad. Pero los jueces europeos, después de sopesar a fondo la cuestión, han sentenciado contra la retroactividad. Lo sucedido, aparte del deterioro de imagen para España, es una catástrofe porque los asesinos etarras, los violadores y los pederastas saldrán en racimos de la cárcel con gravísima alarma social.
El problema radicaba en el Código Penal y en sus permisividades acumuladas a través de las diversas reformas, salvo la última. Por fortuna, el sinsentido se ha reconducido ya y el horizonte actual es muy distinto del que ha permitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos basurear a la Justicia española y liquidar la doctrina Parot por 16 votos contra uno.
Siempre he defendido el principio de derecho público cristiano de odiar el delito y compadecer al delincuente. La prisión debe ser el camino para la reinserción social. Así lo establece nuestra Constitución. Los delincuentes que han cometido delitos terroristas de sangre o algunos otros de acentuado rechazo social deben, sin embargo, cumplir íntegramente sus penas. Felipe González lo expresó en su día con toda claridad. Zapatero adoptó una posición contraria. Las actas de las reuniones, de tú a tú, entre el Gobierno Zapatero y Eta están en poder de la institución suiza Henri Dunant, pagada opíparamente por aquel presidente dadivoso. Deberían hacerse públicas. Los negociadores zapaterescos ofrecieron a la banda terrorista «indultos al final del proceso y medidas de gracia para delitos cometidos tras el alto el fuego». Ofrecieron también paralizar las detenciones de etarras –todavía sangra el caso Faisán– y «aceptar a Batasuna en la vida política», así como que los etarras con delitos de sangre serían liberados tras el desarme de Eta. Se acordó también excarcelar a José Ignacio de Juana Chaos y dejar sin efecto la doctrina Parot. Todo ello se mantuvo tras la atrocidad del atentado de Barajas. El presidente del Gobierno mintió asegurando que la negociación con Eta se había roto, cuando seguía negociando bajo cuerda.
Si los jueces europeos disponían de la información sobre los encuentros entre el Gobierno Zapatero y la banda Eta habrá que entender su actitud favorable a la liquidación de la doctrina Parot y no solo por razones jurídicas. Mariano Rajoy y Ruiz-Gallardón no pueden hacer otra cosa que acatar la sentencia, aunque sí deben revisar y, en su caso, cuestionar las disminuciones de penas montadas en muchas ocasiones sobre concesiones y camelancias que han beneficiado a los presos etarras. Sería una fórmula menor para paliar en parte la alarma social generada por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.